Sería equivocado interpretar el tope puesto al tarifazo de gas con una impresión: la que dice que este Gobierno opera siempre por ensayo y error. Esa impresión suele estar revestida de un tono elogioso. El que ensaya no es un dogmático. El que enmienda sus errores es un tipo modesto.

Puede ser que a veces valga la lógica del ensayo y el error. Pero en general se trata, más bien, de cómo el PRO se plantea la ecuación costo-beneficio. Política pura.

La permanencia de Darío Lopérfido se convirtió en un costo muy alto para Horacio Rodríguez Larreta. Adiós Lopérfido. Podría suceder lo mismo con el jefe de la Bonaerense Pablo Bressi. Si hasta la DEA, que lo protege, se diera cuenta del costo, habría un adiós a Bressi.

Un ejemplo fue la serie de idas y vueltas del Presidente en el desfile militar del domingo, esa simpática maniobra del Ministerio de Defensa que incluyó a los carapintadas, de la que se excluyó la mayoría de los centros de conscriptos de Malvinas y que terminó con “Avenida de las Camelias”, una vieja marcha utilizada por la dictadura para los comunicados de la Junta Militar. El tuit de Mauricio Macri avisando que no iría porque estaba cansado generó miles de respuestas. La mejor fue la de un José de San Martín que anunciaba: “Cansado por el extenuante cruce, lamento no poder asistir a la batalla de Maipú. Espero que se acerquen y la disfruten”. Frente a tanta cargada (un costo) Macri eligió aumentar su beneficio y al final, como se sabe, apareció en el desfile.

El tarifazo de gas, luz y agua le estaba produciendo al Gobierno otro enorme costo. Afectó transversalmente a macristas, antimacristas y oscilantes. Gente de los tres sectores firmó los recursos de amparo canalizados por asociaciones civiles, defensores del pueblo o dirigentes políticos.

La esperanza del Gobierno era que los bolsos de José López fueran suficientes para apagar la caldera social. No alcanzaron. Entonces los operadores judiciales con sede en la Casa Rosada imaginaron un per saltum por el cual la Corte Suprema chuparía las causas y las resolvería en favor de Juan José Aranguren. Así había ocurrido en tiempos de Carlos Menem. Pero los cuatro miembros de la Corte actual no estaban entusiasmados con el tarifazo como la mayoría automática de Menem con la privatización de Aerolíneas. De todos modos el per saltum por el gas devino abstracto, diría un abogado, porque la Cámara Federal de La Plata ordenó anular el tarifazo. Como el asunto no era penal, de la Cámara Federal a la Corte no había ninguna instancia que saltear. Otra vez para disminuir el costo, el Gobierno se apuró y anunció ayer que los usuarios particulares solo pagarán un 400 por ciento de aumento y los comerciales un 500 por ciento.

No hay ensayo y error. El tope no es lo que el Gobierno quería. Debió limitar su tarifazo (es obvio que el aumento no deja de serlo) por las iniciativas populares y la independencia respecto del poder económico demostrada por los camaristas de La Plata César Alvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiffrin.

Sin tope el Gobierno alimentaría el cacerolazo programado en las redes sociales para este jueves 14 a las 20. Que, por cierto, no fue levantado.

El capítulo de las tarifas no concluyó. Aunque no hay fallos de fondo como sucedió con el gas, abundan las cautelares favorables a los usuarios de electricidad. Una de esas cautelares fue emitida nada menos que por la Cámara Federal de Córdoba. Y si el principal sujeto social en la protesta por el gas es el usuario casero, en el reclamo contra las subas de luz el sujeto es el pequeño empresario. Aunque en su casa le hagan caso a Macri (“no anden en patas”, “abríguense”) en el negocio con los actuales niveles tarifarios de luz los pequeños comerciantes o industriales primero despedirán a los empleados en negro, después a los empleados en blanco y al final cerrarán.

La política económica no ampara a esa franja social. La clave es si, ya que la Justicia viene reaccionando bien, ese sector de microempresas y pymes se muestra activo y logra ser percibido por el Gobierno como una fuente de costos políticos. El tema es si esos costos y superan, por su impacto social, al beneficio neoconservador que busca la Casa Rosada: concentrar todavía más la producción.