Después de 32 años de democracia continua, por suerte la Argentina otra vez vive un año electoral intenso. El 25 de octubre habrá elecciones presidenciales. Ya se realizaron varios comicios de los diferentes Estados y el 9 de agosto se celebraron las PASO, primarias abiertas simultáneas y obligatorias. El resultado definió las dos candidaturas principales. El oficialismo del Frente para la Victoria obtuvo el 38 por ciento para su candidato Daniel Scioli y la oposición conservadora consiguió, sumada, el 30 por ciento para Mauricio Macri. Tercero quedó el centroderecha de Sergio Massa, que basa su campaña en el punitivismo penal, con un 20 por ciento.

Ante una diferencia tan nítida, la táctica electoral de los conservadores es denunciar fraude. Dicen que hubo fraude y anuncian que habrá fraude otra vez en octubre. Hasta ahora, sin embargo, no presentaron denuncias serias en la Justicia federal. Más bien se trata de una estrategia de llanto anticipado que apunta a un objetivo: disimular la derrota propia y quitar legitimidad a la victoria ajena.

Un análisis técnico indica que el fraude exitoso es imposible por un sistema de controles cruzados que demostró ser eficaz.

Consulté los detalles con el director nacional electoral, Alejandro Tullio, un especialista y profesor universitario que ocupa el cargo hace 14 años, es decir antes de que el ciclo político actual comenzara cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003.

Aquí van algunas definiciones de Tullio:

*”Que el fraude tenga éxito sigue siendo igual de imposible, tanto por las complejidades del sistema como por los controles. Hay miles de personas involucradas. Me consta personalmente que en todas las mesas familiares, en cada minuto de tiempo libre en las oficinas y hasta en charlas de redacción, en los últimos dos meses alguien comentó: ‘Me llegó el telegrama y tengo que ser presidente de mesa’. Es la prueba que más a mano tenemos de que la designación no es fruto de un mecanismo perverso. Es parte de un deber que le puede corresponder a cualquier ciudadano. Legalmente a partir del momento en que recibe el telegrama esa persona se convierte en autoridad electoral de su mesa. Me da un poco de vergüenza por ellos que estos días, a partir de algunos juicios apresurados, puedan quedar convertidos en sospechosos de haber cometido un delito. Cuando hablo no saco la cara sobre todo por mi trabajo. Saco la cara por la justicia federal, que hace 32 años garantiza elecciones limpias. Por los 190 mil presidentes de mesa. Saco la cara por los militantes partidarios que son fiscales o por los voluntarios de ONGs como la red Ser Fiscal. Esa red tal vez piense distinto que el Gobierno en muchos temas, pero se pone a disposición de los partidos para controlar la elección. Saco la cara por los 96 mil miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales que en las elecciones nacionales evitan que ocurran incidentes como los que ocurrieron en San Pablo, Tucumán. Saco la cara por los 40 mil agentes del Correo, que trasladan las urnas y los telegramas, y que hacen esa tarea tan delicada sin el temor de que mañana se los acuse de haber sustituido esos elementos. La clave es que nadie entre los presidentes de mesa, los fiscales, los jueces, los empleados del correo, el personal de seguridad y los funcionarios de la Dirección Nacional Electoral hace su trabajo en soledad. Ninguno. Todos tienen controles cruzados.”

*”La ley electoral es vieja pero es sabia. No deposita en nadie individualmente algo tan preciado como el voto de todos. Cada uno de los pasos que damos en el proceso electoral se hace bajo el control de otro sujeto con intereses distintos y hasta contradictorios, de manera que las tentativas de fraude que sí pueden existir sean neutralizadas por esta compleja arquitectura electoral. Lo único positivo de que algunos hayan hablando últimamente tanto de un presunto fraude es que todo el mundo va a prestar más atención en los detalles. A mí no me molesta, porque todo el sistema electoral aprobará el examen sin problemas.”

*”El problema que agrava algunas dificultades de forma es que los partidos han ido abdicando de su protagonismo electoral. Hoy los partidos no solo reclaman que las campañas las pague el Estado, lo cual es un tema interesante de debate. También piden que el Estado se haga cargo ya no del sistema de control sino del control que deben hacer los propios partidos. En todo el mundo, la fiscalización es una función inherente a los partidos. Y es cierto que el Estado debe auxiliar a los partidos, pero no debe reemplazarlos. El Estado tiene que dar garantías de competencia, veracidad y transparencia. Las da. Les permite a los partidos controlar todos los aspectos de la organización electoral y pone en cabeza de la justicia federal la decisión final sobre la validez de la elección en cada una de las mesas y del proceso electoral en general.”

*”La esencia del contrato representativo no es virtual. Está indisolublemente unida al territorio. Por eso la fiscalización no solamente es un deber de transparencia. Es una condición de viabilidad de un proyecto político que se manifiesta en su presencia en todo el territorio que quiere gobernar.”

Queda para el final una revelación increíble que surgió del diálogo con Alejandro Tullio. Informó que en la Argentina hay 190 mil personas que se designan como presidentes de mesa. Añadió que en las primarias hubo más de 500 mil fiscales designados por los partidos. De los 190 mil presidentes, 40 mil realizaron un curso virtual que en conjunto brindaron la justicia electoral y la Dirección Nacional Electoral. Había un curso idéntico para fiscales partidarios. Le pregunté a Tullio cuántos se inscribieron. “Se anotaron 700”, me dijo.

Solo 700 sobre 500 mil. O sabían todo o no querían saber. Así, quizás, protestar sin fundamentos sería más fácil.

martin.granovsky@gmail.com